Esta semana, la agencia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos lanzó un comunicado anunciando el “Proyecto Portero”, una operación conjunta con México para atacar a los “guardianes” del narcotráfico. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que nunca se alcanzó ese acuerdo y que desconoce sus fundamentos. Aseguró que la única colaboración real fue un taller en Texas con policías mexicanos y que cualquier pacto formal está en proceso con el Departamento de Estado, no con ninguna agencia concreta.
Este desencuentro ocurre en un momento crucial, en el que México discute con Estados Unidos temas vitales en los ámbitos del comercio, la seguridad y la migración. Los eventos de esta semana reflejan la tensión en la que se encuentra la relación bilateral y la escasa confianza que hay de ambos lados.
¿Por qué la DEA anunciaría una operación sin coordinarse con el gobierno mexicano? Más aún, ¿por qué la agencia está dispuesta a confrontarse públicamente con la presidenta de México? La respuesta de Sheinbaum, al pedir que esta ecolisión se gestione a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, confirma que su estrategia es apegarse a los canales institucionales de la diplomacia. Sin embargo, con un presidente que pretende dinamitar la normalidad institucional este reclamo podría caer en el vacío.
Si bien Estados Unidos es el actor más fuerte de la relación, la DEA y Trump también necesitan de la cooperación de México para avanzar en sus objetivos. Hay líneas rojas que no se pueden cruzarse, y la de actuar sin el consentimiento del gobierno mexicano es una de ellas.
