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Agencia Reforma
Ésta fue una semana de caos para el agro mexicano. Productores agrícolas, especialmente de maíz, llevaron a cabo manifestaciones en todo el país. Su principal reclamo tiene que ver con el precio de compra que el gobierno pretendía fijar en 6,050 pesos por tonelada y que los agricultores calificaron de "insulto". Después de días de presión, el gobierno federal ―junto con autoridades de Jalisco, Michoacán y Guanajuato―, acordó otorgar un subsidio adicional de 950 pesos por tonelada para los productores que tengan hasta 20 hectáreas y cosechen hasta 200 toneladas.
A pesar del acuerdo, algunos bloqueos persistieron en Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Sinaloa.
El malestar no se limita a los precios. Los productores también enfrentan una violencia creciente que agrava la tensión. En Michoacán, el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de los citricultores que denunciaba extorsiones por parte de grupos criminales vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta violencia estructural —cobros de piso, amenazas, asesinatos—, parece llevar a los trabajadores del campo al punto del hartazgo y los impulsa a movilizarse.
Hay una serie de elementos que dificultan cada vez más las actividades productivas de los agricultores y su vida diaria. Los precios en ocasiones se ubican muy cerca de los costos, los insumos se encarecen, no encuentran respaldo en las autoridades y ellos y sus familias enfrentan crudas situaciones de inseguridad en sus territorios.
El campo exige justicia económica, canales de comercialización ágiles y un compromiso firme del Estado para protegerlos de la extorsión y la criminalidad.
Si el estado mexicano no responde con medidas concretas que garanticen un ingreso digno, transparencia en la distribución de los apoyos y protección frente al crimen organizado, el riesgo de un levantamiento social campesino se vuelve una posibilidad cada vez más cercana.
