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Al menos 21 organismos de derechos humanos, agrupados en el Colectivo 46/2, han solicitado a los países miembros de la ONU que demanden a Nicaragua ante la justicia internacional. La denuncia se fundamenta en violaciones sistemáticas a los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad como la tortura.
Este llamado respalda las conclusiones de un grupo de expertos de la ONU que documentó una política deliberada del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para silenciar la disidencia. El objetivo es consolidar el poder mediante la represión, la cual se extiende incluso más allá de las fronteras.
Félix Maradiaga, político y activista nicaragüense, enfatizó que la crisis política está íntimamente ligada a los derechos humanos. La situación actual incluye 120 personas desaparecidas, 32 de ellas desde hace siete años. Además, se han cerrado más de 5,700 organizaciones y se han registrado más de 100 presos políticos. Maradiaga describió el sistema carcelario, que ha afectado a 2,200 nicaragüenses, como "inhumano extremo" y "casi medieval".
Ante la comunidad internacional, la oposición democrática busca seguir cinco estrategias claras:
- Internacionalizar la demanda, argumentando que Ortega representa un problema global al abrir el territorio a China, Irán y Rusia.
- Presionar y golpear las fuentes de financiamiento de la dictadura, ligada al crimen organizado.
- Respaldo pleno al grupo de expertos en derechos humanos.
- Establecer contacto con la resistencia interna.
- Crear una coordinación de la oposición plural.
Maradiaga reconoció que, aunque no hay elecciones libres, el deseo de cambio existe en los nicaragüenses, incluso dentro de la base sandinista, que no acepta la sucesión dinástica que Ortega busca imponer a través de su esposa, la copresidenta.
